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Obstrucción a la justicia

OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA

I. CONCEPTO, ANTECEDENTES Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

Son actos ilícitos penales que atentan contra la Administración de Justicia entorpeciendo su correcto y buen funcionamiento. El sujeto que comete estos actos tiene como finalidad evitar que la justicia funcione correctamente, ya sea para su propio beneficio o para un tercero.

Los delitos contra la Administración de Justicia proceden del Código Penal de 1928, aunque en aquel momento su contenido era mínimo. En el año 1932 se ampliaron los tipos penales hasta llegar al actual Código Penal de 1995 en el que se incorpora el delito de prevaricación judicial, el encubrimiento, que deja de ser una forma de participación, y la deslealtad profesional (que antiguamente se denominaba prevaricación de abogados y procuradores). Los delitos de obstrucción a la justicia, en los que en el ordenamiento anglosajón tuvieron mayor relevancia, se introdujeron en la reforma de 1983, que a su vez provenía del proyecto de 1980; y se hizo en un solo artículo. En el Código vigente de 1995 se amplió el elenco de figuras delictivas en varios tipos penales, como luego veremos.

Este delito está contemplado en el Capítulo VII, cuya rúbrica es “La obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional”, del Título XX: “delitos contra la Administración de Justicia”. El bien jurídico se puede extraer del propio título donde se regulan estos delitos y que es la Administración de Justicia. Se trata de proteger o tutelar, por tanto, el correcto funcionamiento de la Justicia, asimilándose a la función jurisdiccional ejercida por los jueces y tribunales juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En última instancia el titular de ese bien jurídico es el pueblo o la sociedad ya que el artículo 117 de la Constitución Española establece que la justicia emana del pueblo. Si lo que se quiere proteger es la justicia y ésta emana del pueblo, es éste el titular de ese derecho que es digno de protección.

II. TIPOS PENALES

Como se ha dicho anteriormente los delitos de obstrucción a la Justicia están en el capítulo VII, junto con los delitos de deslealtad profesional, dedicando los artículos 463 y 464 a la obstrucción a la Justicia; el artículo 465 a la ocultación de actuaciones judiciales, que podría entenderse como una modalidad de obstrucción a la justicia y los artículos 466 y 467 a la deslealtad profesional. Nos vamos a centrar en el estudio de los tres primeros artículos.

1. Provocación de la suspensión de un procedimiento e incomparecencia a la citación

A este delito se le ha denominado delito de obstrucción pasiva a la justicia, por cuanto el sujeto no cumple un requerimiento judicial, provocando la suspensión del procedimiento o el retraso del mismo.

El artículo 463 del Código Penal, que fue reformado por la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, dispone que: “1. “El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.

2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

3. Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años”.

Este artículo contiene tres apartados: El primero regula el tipo básico del delito, el apartado segundo un tipo atenuado, y el tercero un tipo agravado.

Sujeto activo del delito de obstrucción pasiva a la Justicia puede ser cualquier persona que no tenga la cualidad de profesional de la justicia, ya que en ese caso se aplicaría alguno de los apartados siguientes como luego veremos. Ahora bien, es necesario que ese sujeto haya sido citado judicialmente. Es indiferente en la calidad que haya sido citado (testigo, perjudicado, querellante, etc.). La citación debe ser hecha en legal forma, lo que supone una exigencia formalista para poder aplicar este precepto lo que redunda en una mayor seguridad jurídica. No son válidas las citaciones informales que un funcionario de justicia pueda hacer a una persona, sino que tiene que ser a través de correo certificado con acuse de recibo, mediante diligencias efectuadas por el Secretario Judicial, ya sea telefónica o personalmente, o de cualquier otra forma que se deje constancia de que la citación se ha hecho correctamente y a la persona adecuada.

En cuanto a la naturaleza de este delito podemos afirmar que es un delito de comisión por omisión, de ahí la denominación de obstrucción pasiva a la justicia, en el que la omisión de comparecer ante el juzgado cuando ha sido citado para ello, debe ser la causa eficiente que da lugar al resultado: suspensión del procedimiento.

Para poder apreciar este tipo penal es necesario que se den dos requisitos:

  • a) que se trate de un proceso en el que haya una persona en prisión;
  • b) que la incomparecencia del citado provoque la suspensión del juicio oral, convirtiéndose este último requisito en una condición objetiva de punibilidad.

Si, por tanto, la incomparecencia del citado en legal forma no provoca la suspensión del juicio oral, no puede imputársele un delito de obstrucción a la Justicia. Igualmente, no podrá apreciarse este tipo cuando nos encontramos en la fase de instrucción o investigación judicial y no en la fase de juicio oral, ya que el precepto exige que sea la suspensión del juicio oral y nada dice de la instrucción, la cual no puede ser objeto de suspensión sino que podrán seguirse los trámites que correspondan o practicándose otras diligencias judiciales cuando algún sujeto haya sido citado y no compareciese. La incomparecencia ha de ser voluntaria y que no tenga una causa que justifique la misma; en el caso de que tenga motivos razonados, y justificados fehacientemente, que le hayan imposibilitado asistir a esa citación, ésta operará como causa de exclusión de la antijuridicidad. Le corresponde al sujeto citado probar que no pudo comparecer por causas justificadas.

El inciso segundo de este tipo contempla un tipo atenuado, castigando con pena de multa de seis a diez meses cuando la suspensión del juicio oral lo ha sido por segunda vez ante la incomparecencia del sujeto y no hay reo en prisión. En este caso es necesario que el citado lo haya sido legalmente y por segunda vez; además, se le debe apercibir de dicha situación cuando se le cita en la segunda ocasión. La inexistencia de un acusado en prisión opera como presupuesto básico, ya que si lo hubiese estaríamos ante el tipo básico anteriormente expuesto.

Los apartados segundo y tercero recogen modalidades agravatorias por la cualidad del sujeto activo. Es lógico pensar que aquellos sujetos que intervienen, de una forma más o menos directa, en la tramitación de un procedimiento penal o en la celebración de un juicio (abogados, procuradores, fiscales, jueces y secretarios judiciales) deban tener un mayor celo en cumplir con las formalidades judiciales. Como profesionales del derecho que son deben actuar con una mayor diligencia en todo procedimiento evitando que éste se suspenda o se retrase más de lo deseable. Esta razón es lo que justifica una agravación de la pena, que llevará consigo la inhabilitación especial para su profesión. Para aplicar este tipo agravado es necesario que el sujeto activo no sólo sea uno de los profesionales que en la norma penal se expresa sino que tiene que ser en el ejercicio de sus funciones y no cuando actúa como particular, en cuyo caso se aplicaría el tipo básico.

2. Coacciones o represalias

A este tipo penal se le ha denominado obstrucción activa a la justicia, en contraposición a la del artículo anterior que era pasiva y, fundamentalmente, por su modalidad comisiva.

El artículo 464 del Código Penal dispone que: “1. El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior.

2. Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos”.

Este tipo penal castiga al sujeto que intenta influir directa o indirectamente en los sujetos que expresamente se citan en la norma con la finalidad de que modifique o sustituya su actuación procesal. El sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona, aunque generalmente será el que sea parte en el procedimiento (denunciante o denunciado) o, incluso, sus familiares o amigos, ya que éstos son los que pueden tener cierto interés en que cambie el signo del proceso. El supuesto paradigmático de este tipo penal es el del imputado que intenta influir en el testigo o denunciante para que cambie su declaración o no le reconozcan como autor del hecho.

En este delito el bien jurídico protegido, sigue siendo la justicia, aunque hay otros bienes privados como la libertad, la seguridad, la vida, el patrimonio o la integridad física que quedan a merced del sujeto para alterar la marcha del procedimiento. Este apartado primero es la coacción que se consuma con la sola realidad de la violencia o la intimidación ejercida con la intención de alterar el procedimiento, coartando la libertad de quien intervenga en el procedimiento. Es indiferente que el procedimiento sea civil, penal, social o contencioso-administrativo.

Este es un delito de simple actividad, por lo que se sanciona desde el mismo instante en que el sujeto actúa con violencia o intimidación para alterar el curso del proceso, impidiendo o perturbando la marcha del mismo; no caben formas imperfectas (tentativa o frustración delictiva). Tampoco es necesario que se consiga el resultado buscado, porque en ese caso se aplicaría la modalidad agravada que está recogida en el último inciso de ese mismo apartado, castigándose con la misma pena pero en su mitad superior.

Ese acto de violencia o intimidación no es necesario que sea constitutivo de infracción penal alguna, basta con que tenga esa cualidad. No obstante, si como consecuencia de esa violencia ejercida se originara alguna lesión ésta se castigaría separada e independientemente del delito de obstrucción a la justicia, con lo que habría un concurso real.

El apartado siguiente contempla la represalia, y se diferencia con el anterior en que el acto atentatorio se ejerce una vez finalizado el proceso. Es decir, su actuación se lleva a cabo en un estadío más del curso del proceso. En el apartado primero se produce el hecho durante el desarrollo del procedimiento, con el fin de alterar su normal desarrollo, y en el siguiente apartado el acto ilícito se produce una vez terminado aquel y como consecuencia de su resultado, el cual no ha sido del agrado del delincuente por no ver satisfechas sus pretensiones. Es un acto típico de venganza, en el que consumado el ataque contra los bienes, que taxativamente enumera el precepto, puede entrar en concurso con el delito contra la Administración de justicia, con punición independiente por cada delito.

Tanto en un tipo penal como en el otro el término “procedimiento” debe interpretarse en un sentido amplio, aplicándose no sólo al proceso en sí mismo, ante cualquier jurisdicción, sino también a las diligencias policiales o al juicio de faltas.

3. Ocultación de actuaciones judiciales

El artículo 465 del Código Penal dispone que: “1. El que interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años.

2. Si los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses.”

Este es un delito que está a medio camino entre la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional ya que no sólo actúa abusando de su función, lo que va en contra de la deontología profesional, sino que lo puede hacer con el fin de obstruir o perturbar el desarrollo de un proceso. En este delito el sujeto activo puede ser el abogado o procurador que intervienen en el proceso, por lo que se exigen dos requisitos: primero, que el sujeto activo sea un profesional del derecho; y, segundo, que intervenga en ese procedimiento. El apartado segundo amplia el sujeto activo a los particulares, intervengan o no en el procedimiento, aunque generalmente sí será parte en el mismo. En este último caso se aplica una pena menor que al abogado o procurador precisamente porque no supone ningún fraude a una actuación profesional.

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